Despenalización del consumo de drogas (Editorial – La Nación)

noviembre 23, 2009

Los adictos deben pasar de ser compradores en el mercado ilegal a pacientes del sistema público de salud

Los recursos liberados al dejar de perseguir el consumo se deben emplear contra el crimen organizado

César Gaviria, expresidente de Colombia y dos veces secretario general de la Organización de Estados Americanos, tiene autoridad para hablar sobre narcotráfico. Durante su mandato, la Policía colombiana desarticuló el Cartel de Medellín y puso fin a los expedientes delictivos de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y otros traficantes de talla internacional.

Gaviria asoció su prestigio al de otros dos respetados expresidentes latinoamericanos –Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y Ernesto Zedillo, de México– para encabezar al grupo de expertos integrantes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, dedicada a estudiar el problema y replantear sus soluciones.

Gaviria no lamenta la firmeza de sus actuaciones frente a los carteles colombianos ni sugiere abandonar la lucha frontal contra el flagelo de las drogas, pero asegura que esa estrategia, por sí misma, será derrotada. Con sus colegas de comisión, sostiene la necesidad de despenalizar el consumo y tratarlo como un problema de salud pública.

El planteamiento arrebataría a los narcotraficantes su mercado cautivo de adictos, disminuiría las ganancias derivadas del trasiego ilícito, descongestionaría las cárceles abarrotadas de consumidores relativamente inofensivos y aumentaría las posibilidades de ofrecer tratamiento a quienes procuren abandonar el vicio.

Enviar a los consumidores a la cárcel, como se hace con todo rigor en los Estados Unidos y otras naciones del continente, es causarles un daño adicional –dice Gaviria–, sobre todo en el caso de quienes terminan tras las rejas por portar pequeñas cantidades de marihuana, una droga cuyos efectos no son peores que los del alcohol y el tabaco, por lo cual la Comisión plantea la posibilidad de despenalizar la posesión para el consumo personal.

La idea es, en palabras de la Comisión, cambiar el estatus de los adictos para que pasen de compradores en el mercado ilegal a pacientes del sistema público de salud. Ese cambio de estatus, combinado con campañas educativas eficaces, podría reducir la demanda de drogas ilegales, bajarles el precio y así minar las bases económicas del tráfico ilícito.

La Comisión reconoce el fracaso de muchas campañas informativas ensayadas en el mundo, pero apunta a experiencias exitosas en el Reino Unido, Holanda y Suiza. También señala los éxitos obtenidos por la publicidad contra el tabaco. Mensajes basados en la experiencia de quienes fueron adictos, prueba concreta de los riesgos involucrados, podrían ser más eficaces que la amenaza de represión y las exhortaciones afincadas en la virtud.

Los esfuerzos de erradicación de cultivos, dice el planteamiento, deben aparejarse con bien financiados programas de siembras alternativas, adaptados a la realidad local en términos de viabilidad y acceso competitivo a los mercados, pero también es necesario explorar otras opciones de trabajo y desarrollo social.

Dicho lo anterior, la Comisión recomienda redirigir los recursos represivos liberados al dejar de perseguir el consumo y dedicarlos a una lucha sin cuartel contra el crimen organizado, porque la violencia, la corrupción institucional, el lavado de divisas, el trasiego de armas y el control ejercido por el narcotráfico sobre poblaciones y territorios son sus más dañinos efectos sociales.

La estrategia de despenalizar el consumo para tratarlo como problema de salud pública merece consideración, pero el principal obstáculo es el compromiso de los Estados Unidos con la tesis de la prohibición. En el 2007, autoridades estatales y locales de ese país hicieron 1.841.200 arrestos por violación de las leyes antinarcóticos, de los cuales más de cuatro quintas partes fueron por simple posesión y casi la mitad involucró la marihuana.

Los detenidos ocupan a la Policía, abarrotan el sistema judicial y, eventualmente, de acuerdo con las leyes de cada estado, engrosan la abultada población penal estadounidense, que es precisamente la mayor del mundo, en buena parte debido a las condenas por simple posesión de drogas.

A pesar de todo eso y del fracaso de la actual estrategia, el tema de la despenalización es un tabú de la política norteamericana, que tampoco se detiene a considerar los desastrosos efectos del narcotráfico en México, Colombia y otros países del área.

Nada de eso impide que Costa Rica se plantee el debate sobre la despenalización, al menos para fijar posición en los foros internacionales donde Estados Unidos promueve el prohibicionismo y América Latina comienza a exigir la contemplación de alternativas.

El nuestro no es un país especialmente represivo del consumo, y la Ley de Psicotrópicos prevé medidas de seguridad destinadas exclusivamente a rehabilitar al adicto, pero de ahí a una política integral como la planteada por la Comisión Latinoamericana hay un largo trecho.

2 Responses to “Despenalización del consumo de drogas (Editorial – La Nación)”

  1. Esteban Says:

    Gente que bien este portal. Yo estoy por hacer algo así desde hace meses, pero no le he entrado de lleno, solo un poco con un blog (yocultivo.wordpress.com) que en realidad nunca publiqué en serio. Comuniquémonos a ver si juntamos esfuerzos. Saludos, y todas las buenas vibras en este proyecto!

  2. gabriel monge Says:

    aro gente el poder del pueblo si empieza a sentir!!! los invito a costaricaligaliza.com un portal de interes mutuo para todos


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